Acceso de los prisioneros a asistencia sanitaria.

El acceso a atención sanitaria es un derecho humano fundamental que debe cumplirse bajo cualquier situación, independientemente de la situación legal. Pero… ¿Qué sucede con aquellos que han violado derechos de otras personas, como los prisioneros?¿Merecen seguir teniendo acceso a atención sanitaria de calidad?

Moralmente hablando, existe un dilema sobre si los prisioneros “merecen” recibir servicios sanitarios adecuados. Existe un grupo que argumenta que, dado que han infringido las normas sociales y legales, ellos también deberían ser privados de ellos como castigo, incluidos los servicios de salud, debe ser. Por otro lado, hay otro grupo que defiende que los derechos humanos deben ser cumplidos bajo cualquier circunstancia, así como está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual incluye que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar” (Artículo 25), independientemente de sus crímenes. 

Actualmente, ya existen posturas definidas respecto al tema por parte de varios países de la comunidad internacional. Sin embargo, se generan dos problemas principales. El primero radica en que en los países que deciden privar a los reclusos de atención médica adecuada, se genera una cantidad inmensa de muertes. En otra línea, los países que optan por ofrecer un sistema sanitario, frecuentemente carecen de la calidad adecuada, lo cual se traduce en una atención deficiente y, en consecuencia, muertes que pueden haber sido 100% evitables.

De hecho, las condiciones precarias en muchas cárceles resultan en una alarmante tasa de mortalidad. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), las muertes en las cárceles debido a enfermedades prevenibles son una preocupación global, y se estima que en algunas naciones, las tasas de mortalidad en prisiones pueden ser hasta tres veces más altas que en la población general.

En países como Suecia y Noruega, que han sido pioneros en el respeto de los derechos humanos, incluso también se enfrentan desafíos debido a la sobrepoblación en las cárceles. Por ejemplo, en 2019, Noruega reportó que, a pesar de tener uno de los sistemas penitenciarios más humanitarios, las malas condiciones de aseo como la ventilación escasa, la falta de personal de limpieza y un cultura de mala higiene por parte de los reclusos representaban un grave problema. Ante ello, los brotes de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, continúan siendo una amenaza, a pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida dentro de sus cárceles.

Por otro lado, en regiones en desarrollo, como Sudamérica y África, la situación es aún más crítica. La sobrepoblación carcelaria se ha tornado en algo generalizado. Esta situación añadida a la falta de infraestructura sanitaria adecuada agrava los problemas. Según un informe de Amnistía Internacional, en Brasil, las prisiones tienen una tasa de hacinamiento que supera el 150% de su capacidad, resultando en condiciones insalubres y un aumento significativo de muertes, sobre todo por tuberculosis y enfermedades respiratorias. Inclusive un simple brote de gripe puede acabar con cientos de vidas en poco tiempo.

En el caso de los países que optan por no brindar servicios de asistencia sanitaria o donde los prisioneros se encuentran en lo más bajo de la lista de prioridades, existe una nación controversial donde se puede observar una clara violación de los derechos a la salud: El Salvador, bajo el régimen del presidente Nayib Bukele. Aunque su gobierno ha logrado reducir la violencia en las calles, las prisiones se han convertido en lugares donde la lucha por el acceso a servicios sanitarios es brutal. 

Para entender ello, es necesario resaltar el rol que tiene la mafia y los grupos de poder dentro de las cárceles. Muchas veces los internos de menor rango, que no tienen acceso a recursos o poder, se ven forzados a soportar enfermedades sin tratamiento adecuado y son reprimidos, mientras que los grupos de poder dentro de las prisiones obtienen atención médica mediante sobornos o violencia. Esta situación se ha intensificado con el paso de los meses debido a la política de “mano dura” que prioriza la seguridad de los ciudadanos sobre el bienestar de los reclusos.

Otro factor que contribuye a las muertes de los reclusos es la falta de atención médica especializada. Las mujeres encarceladas, por ejemplo, menstrúan y pueden enfrentar problemas de salud reproductiva. En muchas prisiones, la falta de acceso a medicamentos para controlar el dolor menstrual puede generar situaciones de sufrimiento extremo, y las mujeres embarazadas enfrentan riesgos significativos debido a la falta de atención prenatal. Asimismo, el ambiente en el que se encuentran no lo hace un lugar propicio para la recuperación adecuada de las mujeres o para que puedan lidiar con sus malestares. Además, las prisiones son uno de los lugares con mayor índice de violencia sexual, lo que también contribuye al alto número de embarazos no deseados y la muerte materna dentro de estos edificios.

Afortunadamente, ya hay naciones que han tomado nota de estos problemas y han puesto en marcha modelos exitosos para abordar la sobrepoblación y mejorar el acceso a servicios sanitarios en las prisiones. Suecia y Países Bajos, por ejemplo, tienen implementado un  sistema de clasificación en las prisiones, en el que priorizan el tratamiento sanitario según el nivel de gravedad del delito del recluso. En estos países, los prisioneros son clasificados en diferentes niveles como “bajo riesgo” y “alto riesgo”, y el acceso a servicios médicos se basa en estas categorías, lo que permite optimizar los recursos limitados. Los mismos gobiernos ofrecen informes anuales donde se han demostrado que este sistema ha reducido significativamente las muertes por enfermedades prevenibles en las cárceles de estos países, además de mejorar las tasas de reincidencia al reintegrar a los prisioneros de manera más efectiva en la sociedad mediante programas dentro de las instalaciones. 

Para abordar la sobrepoblación, varios países también han invertido en alternativas totalmente diferentes al encarcelamiento, como programas de rehabilitación, libertades condicionales y penas mucho menos severas para delitos menores. Igualmente, se han establecido programas de transporte de reclusos de un país a otro para evitar la concentración de reclusos y potenciar los resultados de la reintegración. De esta forma, no solo se reduce la presión sobre las prisiones, sino que también contribuyen a la prevención de enfermedades y el mejor acceso a atención sanitaria.

En nuestro país, la sobrepoblación y la falta de infraestructura adecuada empeoran la situación sanitaria en las cárceles, por lo que el futuro es incierto. No se sabe si se puede tomar mano dura, así como en El Salvador, debido a la corrupción y la violencia entre reclusos. Sin embargo, existen posibilidades de cambio si se adoptan medidas como el fortalecimiento de los servicios médicos y la mejora de la gestión penitenciaria. Aunque para ello tendrían que pasar años, e incluso décadas. Con un sistema adecuado y entidades totalmente responsables, todas estas problemáticas que surgen en las cárceles pueden ser mitigadas casi en su totalidad en nuestro país.

Entonces, el dilema sobre si los prisioneros deben tener acceso a atención sanitaria, seguirá presente. Por un lado, los derechos humanos son universales, y negar la atención médica a un recluso puede considerarse una violación de esos derechos. Pero ya se ha demostrado que si se forma parte del castigo, la tasa delictiva se reduce significativamente. Es de ahí de donde surge la siguiente pregunta: ¿es moralmente aceptable negarles atención médica, incluso si ello podría resultar en sufrimiento o muertes evitables? La solución está en encontrar un equilibrio entre la justicia y la humanidad, y reflexionar sobre si es posible castigar sin perder los principios éticos fundamentales.

En síntesis, la cuestión del acceso a la atención sanitaria en las prisiones es un tema complejo que involucra cuestiones éticas, políticas y de derechos humanos. Si bien muchos gobiernos han implementado medidas para mejorar la situación, la sobrepoblación y la falta de infraestructura sanitaria siguen siendo desafíos graves en muchas partes subdesarrolladas del mundo. Es necesario que se sigan promoviendo políticas que garanticen no solo la seguridad pública, sino también la dignidad y el bienestar de los prisioneros.

¡Hola! Mi nombre es Facundo Saavedra, y soy delegado de la primera generación 2024-1 de Peruvian Leaders Delegation (PLD), la delegación de debate que forma líderes peruanos que cambian nuestro país desde el Modelo de Naciones Unidas. En 2024 debatí este tema en el comité de SOCHUM en la conferencia RDMMUN del colegio Reinas del Mundo. En PLD investigamos temas internacionales de gran relevancia y proponemos soluciones innovadoras para los retos globales. Durante esta experiencia, profundizamos en los dilemas éticos, el desarrollo de una buena infraestructura y la mejora de los sistemas penitenciarios para una buena calidad de asistencia médica, debatiendo con pasión y compromiso.

Esperamos que este artículo te inspire y te acerque al increíble mundo del Modelo de Naciones Unidas, donde las ideas y el liderazgo juvenil pueden marcar la diferencia.